Catalogado por el presidente Javier Milei como un paso para “hacer grande a la Argentina nuevamente”, el acuerdo alcanzado con Estados Unidos no resiste semejante calificación sin caer en el ridículo. Los funcionarios argentinos fueron arrastrados a una mesa para rediscutir la relación económico-comercial bilateral y —haciendo gala de un supuesto trato preferencial motivado en la relación entre los mandatarios— terminaron firmando un texto desigual y asimétrico. Aunque las comparaciones históricas siempre son riesgosas, el fantasma de un nuevo pacto Roca-Runciman recorre la Argentina.
El ´acuerdo´ presenta numerosas peculiaridades que sonrojarían a quien pronuncie la palabra “negociación”:
- Se trata de un texto publicado de modo unilateral por Estados Unidos, en inglés y sin versión oficial en nuestro idioma —todo un mensaje de quién manda, aunque lo titulen ´Declaración Conjunta´;
- Fue discutido en secreto por un puñado de funcionarios sin consultar a otros actores institucionales nacionales ni ofrecer estudios que permitan advertir en detalle su impacto;
- Sigue un marco general que no recepta las especificidades de la Argentina, situación evidente dada la similitud con los acuerdos anunciados el mismo día con El Salvador, Guatemala y Ecuador, economías sin base industrial; y
- Brinda a la potencia americana la potestad de imponer restricciones si se “afecta la seguridad nacional”, un remanido argumento con el cual el trumpismo fundamenta parte central de sus prácticas proteccionistas.
Resulta llamativa, asimismo, la Declaración Conjunta publicada el último jueves, donde se afirma que el espíritu que guía los compromisos es “impulsar una asociación económica más equilibrada”. ¿Será que los negociadores argentinos no leen las estadísticas comerciales? Aunque desde hace un año y medio la balanza comercial registra un modesto superávit favorable a la República Argentina, la tendencia histórica muestra otra realidad: en la última década el déficit acumulado fue superior a los 29 mil millones de dólares. A pesar de ello, ningún punto del ´acuerdo´ tiende a un mayor equilibrio.
En rigor, al analizar los detalles de lo anunciado el entreguismo de la administración libertaria deviene inocultable. Mientras Estados Unidos exige la liberalización de sectores que representan cerca del 70 por ciento de lo que coloca en nuestro mercado (medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas), ofrece como contraparte un impreciso acceso para “ciertos recursos naturales indisponibles” y “ciertos insumos farmacéuticos no patentados”. ¿A qué bienes se refieren? ¿En qué volumen? ¿Bajo qué criterios? No hay respuesta. Tampoco se mencionan el acero y el aluminio, productos centrales en las exportaciones argentinas sobre los que Trump impuso fuertes aranceles. Por otra parte, los bienes que no figuren en el texto final (pendiente de publicación), ¿qué arancel van a afrontar? ¿Los vigentes antes del 2 de abril, que promediaban el 2,7% o el 10% que impuso el magnate estadounidense desde ese día?
A su vez, en lo que respecta a los asuntos extra-arancelarios, el ´acuerdo´ impone cambios significativos para la Argentina: la eliminación de la tasa estadística y formalidades consulares; modificaciones en procedimientos aduaneros; el fortalecimiento de las normas sobre propiedad intelectual; el reconocimiento de firmas electrónicas estadounidenses, la transferencia transfronteriza de datos personales y la aceptación de EEUU como jurisdicción válida para almacenar información de ciudadanos de nuestro país; junto a la “coordinación frente a terceros” (un eufemismo que oculta el verdadero significado de la cláusula: la disposición de Argentina a acompañar las iniciativas que preserven los intereses geopolíticos y económicos estadounidenses, especialmente en su disputa con China).
Adicionalmente, se establece la aceptación de certificaciones estadounidenses y la alineación con sus estándares. Este último aspecto resulta, como mínimo, irónico: los libertarios no consiguieron ni reciprocidad ni ´menos estado´. Sino la imposición de normas de otro estado por sobre la soberanía regulatoria del estado nacional. Por si faltaba algo, se abre el mercado argentino a distintos bienes primarios (aves de corral, ganado vivo, lácteos y carnes); se limita el rol de las empresas estatales y se reducen los márgenes de maniobra en la utilización de subsidios industriales, entre otras cuestiones. Todo el peso en un solo lado.
Es preciso reconocer que los negociadores argentinos lograron un hito sin precedentes: firmaron un entendimiento peor que el ALCA. Dicho esquema de integración subordinada tenía como incentivo un mayor acceso al mercado estadounidense y a otros mercados de la región, en tanto y en cuanto cada país redujera las barreras comerciales y aceptara múltiples imposiciones. En este caso, Argentina le otorgó a Estados Unidos lo que históricamente demandaba, desprotegiendo a nuestra industria y al sector primario. Pero en contrapartida obtuvo un acceso particularmente limitado, que ni siquiera es compensado con inversiones, que brillan por su ausencia y solo se encuentran referidas en el cínico título del acuerdo (“Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversiones”).
En resumidas cuentas, atestiguamos un nuevo capítulo de una sumisión planificada. Estados Unidos reducirá los aranceles en aquello que de todos modos precisa comprar, mientras Argentina abre cándidamente el mercado, renuncia a su capacidad regulatoria y fortalece la sumisión. Aunque quizás sea oportuno reconocer la honestidad. A diferencia de lo que sucedía en los años 1990, aquí no hay siquiera una promesa de “sendero de desarrollo” o “prosperidad compartida”.
Ante ello, enfrentamos un doble desafío. Frenar esta política y construir una inserción internacional distinta: basada en el interés nacional, en la búsqueda de socios que complementen a nuestros sectores productivos y en negociaciones que se den en términos de horizontalidad y no de subordinación. La Argentina necesita urgentemente un camino propio hacia el desarrollo. Desde la provincia de Buenos Aires redoblaremos los esfuerzos para que ese sendero vuelva a ser posible.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires
Juan Manuel Padín, subsecretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Buenos Aires