Una conquista histórica
La Universidad pública constituye una conquista histórica del pueblo argentino que hizo posible, entre otros logros, la construcción de una sociedad más democrática e integrada. A lo largo de su extensa trayectoria, no solo se produjeron hitos fundamentales, como la Reforma Universitaria de 1918 —cuyo influjo se extendió por toda América Latina— y la gratuidad consagrada en 1949, sino que también logró consolidarse un sistema universitario nacional sustentado en principios que, hasta el día de hoy, lo distinguen en el plano internacional: la autonomía, el cogobierno, el ingreso irrestricto y la excelencia académica.
En las últimas décadas, además, el sistema universitario argentino experimentó un crecimiento sin precedentes. Los datos son elocuentes: en 1989 había 661.000 estudiantes universitarios en el país, y una cuarta parte de ellos pertenecía a la Universidad de Buenos Aires. En el año 2000, la matrícula ascendía a 1.124.000 estudiantes, mientras que en 2024 superaba los 2,5 millones, con más de 2 millones de inscriptos en universidades públicas.
Este salto no fue magia. Una parte sustantiva de esa expansión se produjo, justamente, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que lograron revertir la ecuación entre educación y endeudamiento: mientras en 2003 se destinaba el 3% del PBI a educación y el 5% al pago de los compromisos externos, en 2015 la inversión educativa alcanzaba el 6,3% del PBI, mientras que la deuda pública representaba el 1,5%. Como resultado de ese proceso, que también incluyó la creación de 17 nuevas universidades, la Argentina cuenta actualmente con 75 instituciones universitarias de gestión pública distribuidas en todo el territorio nacional. La provincia de Buenos Aires concentra una parte nodal de ese entramado, con 26 universidades nacionales y 3 provinciales, que reúnen una proporción significativa de la matrícula, la investigación y la producción científico-tecnológica del país.
El gobierno de Milei y el ataque a las universidades
A pesar de la relevancia de las universidades en la República Argentina y de su papel estratégico a nivel global —en un contexto signado por el predominio de la economía del conocimiento, donde las principales naciones buscan fortalecer sus sistemas de innovación mediante el apuntalamiento de las instituciones científicas y tecnológicas—, nuestro país atraviesa la crisis de financiamiento universitario más profunda desde el retorno de la democracia como consecuencia de las políticas impulsadas por el gobierno libertario.
Lejos de concebir a la educación superior, la ciencia y la tecnología como pilares del desarrollo nacional, el actual gobierno promueve un severo proceso de desfinanciamiento que compromete el funcionamiento cotidiano de las universidades, deteriora los salarios docentes y no docentes, paraliza proyectos de investigación y pone en riesgo capacidades estratégicas construidas durante décadas. A modo de ejemplo:
i. Las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026;
ii. Los salarios docentes acumulan una disminución del poder adquisitivo del 32% desde la asunción de Milei a la fecha, lo cual equivale a la pérdida de 7,3 salarios mensuales en el período;
iii. El presupuesto 2026 destina el porcentaje más bajo de recursos con relación al PBI de los últimos 23 años (0,47%);
iv. Se paralizaron 119 obras de infraestructura universitaria (38 de ellas en la provincia de Buenos Aires);
v. Los fondos de extensión universitaria se derrumbaron un 99,3%, virtualmente paralizando el vínculo entre las universidades y sus comunidades; y
vi. Se recortaron más de 500 mil beneficiarios de las Becas Progresar, al tiempo que se congeló su monto desde mediados de 2024.
Esta situación no es producto del azar ni una consecuencia inevitable de la búsqueda de convergencia fiscal. Se trata de una visión de país: en la Argentina de Milei, donde unos pocos sectores se enriquecen mientras las mayorías pierden derechos y se derrumba la estructura productiva, no hay lugar para las universidades ni espacio para el conocimiento. Los resultados de esta mirada son profundamente lesivos: atacar al sistema universitario implica atentar contra el futuro, consolidar la dependencia y la primarización del entramado productivo y ejercer una triple renuncia: al pensamiento crítico, a ser artífices nuestra cultura y a fortalecer las capacidades nacionales para impulsar el desarrollo.
En este escenario, lamentablemente, la división de poderes también se encuentra bajo acecho. El Congreso de la Nación procuró dar una respuesta a la crisis mediante la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario; sin embargo, su implementación fue obstaculizada por los vetos del presidente Javier Milei y por distintas maniobras judiciales dilatorias orientadas a desoír lo resuelto por los demás poderes del Estado.
Ante esta estrategia sistemática de asfixia financiera y elusión de los principios de división de poderes que ensaya el gobierno de Milei, el próximo 12 de mayo de 2026 se realizará la Cuarta Marcha Federal Universitaria.
La provincia de Buenos Aires: escudo y red del sistema universitario
Desde el inicio del conflicto, la provincia de Buenos Aires rechazó de manera categórica el desfinanciamiento del sistema universitario nacional y exigió el pleno cumplimiento de las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Asimismo, guiado por la convicción de que el fortalecimiento de las universidades resulta clave para el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa, el gobierno provincial implementó numerosas medidas de apoyo.
Entre ellas, impulsó el Programa Puentes para expandir la educación superior en el interior bonaerense construyendo 51 centros universitarios y ampliando la oferta académica, retomó las obras paralizadas por el gobierno nacional, amplió beneficios como el boleto estudiantil y Cuenta DNI en las universidades, promovió convenios e investigaciones conjuntas con universidades de todo el país y reforzó, a través de la Comisión de Investigaciones Científicas, las becas y el apoyo a la formación de investigadores.
Universidad, ciencia y desarrollo: una ecuación inseparable
Como advertimos, la universidad pública constituye el núcleo del sistema científico-tecnológico argentino. Sin universidades no hay posibilidad de sostener el entramado institucional que impulsa el desarrollo de nuestro país, integrado por organismos estratégicos como el CONICET, el INTA, el INTI, la CONEA y tantas otras instituciones fundamentales. Pero tampoco sería posible preservar la industria nuclear y satelital, potenciar el sector agropecuario, sostener el crecimiento de la biotecnología nacional o dar un salto tecnológico robusto que permita incrementar la productividad de la economía argentina. Sin universidades, por cierto, también degradamos nuestra identidad y cedemos soberanía.
Por eso, frente al intento del gobierno nacional de instalar la resignación y el derrotismo, y de erosionar el valor que la sociedad argentina le otorga a la universidad pública —un reconocimiento que trasciende fronteras ideológicas y partidarias—, resulta indispensable defender con orgullo esta construcción colectiva hasta hacer realidad el país con el que soñamos: una Argentina con más universidades, más ciencia, más desarrollo, más derechos y un pueblo feliz. Un país con derecho al futuro.
Carlos Bianco. Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires
Juan Manuel Padin. Subsecretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Buenos Aires