Javier Milei publicó en el Financial Times una propuesta que es, en simultáneo, una declaración de principios: zona liberada para la IA, con menos regulación, menos controles y menos rendición de cuentas. Prometió el territorio argentino como un paraíso sin reglas para que las empresas tecnológicas hagan en nuestro país lo que no les permiten hacer en Europa ni en Estados Unidos, bajo un titular que podría traducirse como “Argentina invita a la IA a liberarse: al entrar en una nueva era tecnológica, la IA debe poder desarrollarse sin una regulación prematura”. La idea central no es suya, la tomó del libertarianismo tecnofeudalista al que pertenece Peter Thiel, el inversor de Silicon Valley que sueña con estas "sociedades no humanas", empresas manejadas íntegramente por una inteligencia artificial, sin dueños ni directivos de carne y hueso a los que pedirles cuentas. Milei la repite y la vende como innovación.
Porque cuando el presidente habla de "sociedades no humanas", su propuesta real es el vaciamiento del marco jurídico argentino. Usa palabras como "innovación" o "libertad" para disfrazar una receta vieja y peligrosa: la creencia de que el progreso sólo es posible si se eliminan todos los controles. ¿El argumento? Que una inteligencia artificial necesita habilitación para innovar sin miedo a que un resultado negativo tenga consecuencias legales o patrimoniales para sus dueños.
Ahí está la trampa. Se trata de una decisión política sobre quién paga los platos rotos. Para sostenerla invoca un precedente histórico y lo mutila. La sociedad de responsabilidad limitada no borra la obligación de responder, sino que la acota en monto y la somete a condiciones estrictas. En las sociedades tradicionales, que rigen el sistema capitalista en que vivimos, la limitación de responsabilidad convive con administradores identificables, deberes legales, posibles responsabilidades civiles o penales, registros, controles y mecanismos de levantamiento del velo societario ante fraude o abuso. Se limita el riesgo económico, no se elimina al responsable. El sistema, con sus defectos, tiene controles legales y sociales. La "sociedad no humana" de Milei toma solo la parte que le sirve (el límite que protege al dueño) y descarta todo lo demás. Vuelve opcional al ser humano y, con eso, suprime a cualquiera que pueda ser obligado a rendir cuentas. No reduce la responsabilidad, la disuelve. Lo que ofrece no es responsabilidad limitada, es su reverso exacto, es decir habilita la irresponsabilidad ilimitada.
Esta supuesta innovación jurídica es, en realidad, un verdadero subsidio a la imprudencia. Porque detrás está el problema de las consecuencias en la vida de la mayor parte de la sociedad. El propio presidente admite que las acciones descontroladas de estos sistemas conllevan riesgos reales. Pero no dice cuáles, no estima su magnitud, no pondera su impacto. Los nombra y sigue de largo, como si enunciar el riesgo bastara para conjurarlo. A él parece no preocuparle; a nosotros sí. Porque esas amenazas de las que se desentiende tienen nombre y hoy ocupan el centro de los debates internacionales sobre inteligencia artificial: daños ambientales, espionaje a gran escala, violaciones de privacidad, estafas automatizadas, manipulación de la opinión pública, interferencia en procesos democráticos, violación de privacidad y riesgos sobre infraestructuras críticas.
Hacer lo que propone el presidente es renunciar al Estado de derecho, dejando desprotegida a la ciudadanía frente a la violación de sus derechos fundamentales; es abandonar el principio de legalidad, permitiendo una arbitrariedad y una inseguridad manifiesta ante la aplicación de esas políticas sin ningún tipo de control.
Si su preocupación es ser protagonista de la “próxima revolución industrial” (o que podríamos denominar revolución tecnológica), la estrategia no puede consistir en la renuncia a toda herramienta de defensa nacional. Los países que se industrializaron lo hicieron protegiendo sus recursos, regulando la inversión extranjera y exigiendo transferencia de tecnología: Estados Unidos, Alemania, China, Corea del Sur. Ninguno abrió sus puertas de par en par a las corporaciones extranjeras sin pedir nada como contrapartida. Ninguno dijo "vengan, los invitamos a no pagar impuestos, a hacer lo que quieran, no les pedimos nada a cambio”.
El Súper RIGI es la expresión más concreta de este modelo. Un régimen de inversiones que otorga beneficios fiscales multimillonarios a cambio de nada. No se pide transferencia de tecnología. No se exigen contrapartidas laborales. No se considera que los datos de los argentinos queden protegidos. Es un cheque en blanco firmado por el Estado y que vamos a tener que pagar todos los argentinos con nuestros recursos.
No es casualidad: detrás de esa política hay una ideología que viene de los think tanks libertarios, de los financistas de la llamada "Ilustración Oscura". Esa corriente que postula que la democracia es ineficiente, y que el poder debe pasar a manos de corporaciones. Y hoy está teniendo vía libre en la Argentina porque tiene un gobierno que quiere exactamente lo mismo.
Lo dicen mientras hacen alianzas con financistas de empresas como Palantir, que vende sistemas de vigilancia masiva a las agencias de inteligencia y cuyo cofundador y director dice que la democracia y la libertad son incompatibles. Esa empresa procesa datos de poblaciones enteras con algoritmos que ningún Estado puede auditar. Los datos de los argentinos no pueden ser entregados de esta manera tan irresponsable.
Y el contraste con la realidad no puede ser más evidente. Mientras el gobierno nacional otorga exenciones impositivas a las grandes corporaciones tecnológicas, recortó el presupuesto del CONICET, vació programas de investigación, asfixió a las universidades públicas. Es decir que desmantela nuestra capacidad nacional de generar conocimiento propio y al mismo tiempo pone nuestros recursos a disposición de los monopolios tecnológicos extranjeros. Les cobra impuestos a los laburantes y les regala exenciones a los que ya concentran el poder y el capital. Una estafa al pueblo.
En el CEDAF no le tenemos miedo a la innovación ni a la inversión extranjera, todo lo contrario; sí nos preocupa un país sin nadie a quien reclamarle. Milei propone una sociedad donde el ser humano es opcional; nosotros defendemos un país donde el ser humano es el que decide. El progreso que vale la pena no es el que borra las reglas, es el que pone la técnica al servicio de la gente, con planificación, con inversión propia y con un Estado que rinda cuentas en lugar de renunciar a ellas. La discusión sobre qué tipo de desarrollo tecnológico queremos la tenemos que dar de manera seria, democrática y amplia. Lo que no podemos normalizar es que la den por nosotros, en un diario de Londres, y nos pasen la factura después.