Durante más de siete décadas, Argentina construyó una infraestructura nuclear que la convirtió en uno de los pocos países del mundo capaces de dominar el ciclo completo de la tecnología nuclear. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue creada en 1950 y desde entonces Argentina consolidó un entramado científico e industrial líder en América Latina. Hasta que llegó Milei. Argentina enfrenta hoy uno de los momentos de mayor golpe a la industria energética. La reducción del presupuesto de la CNEA, la paralización de proyectos estratégicos, y el éxodo de personal capacitado ponen en riesgo un capital científico construido con décadas de inversión estatal en conocimiento.
Mientras tanto, Estados Unidos impulsa programas multimillonarios para el desarrollo de reactores modulares pequeños, con fuerte financiamiento público y participación del Departamento de Energía. China acelera la construcción de nuevas centrales y desarrolla tecnologías propias. La matriz energética de Francia continúa siendo la energía nuclear, y Corea del Sur busca expandir sus exportaciones de reactores.
El desmantelamiento del potencial nuclear argentino; una política estatal
Argentina fue el primer país de América Latina en poner en funcionamiento una central nuclear de potencia —Atucha I, inaugurada en 1974— y desarrolló un ecosistema científico, tecnológico e industrial que le permitió dominar el ciclo completo de la tecnología nuclear.
Posicionado dentro del mercado internacional como exportador de reactores de investigación, ingeniería nuclear y servicios tecnológicos de alta complejidad, — a través del INVAP— el país diseñó y construyó reactores para Argelia, Egipto, Irán, Australia y los Países Bajos. Entre estos desarrollos se destaca el reactor OPAL, construido para Australia, cuyo contrato —valuado en alrededor de 250 millones de dólares— fue considerado durante años la mayor exportación tecnológica de la historia argentina.
Además del desarrollo de un mercado exportador de tecnología nuclear, alrededor de la CNEA se consolidó un ecosistema integrado por empresas públicas, universidades, centros atómicos, organismos regulatorios y compañías de alta tecnología como INVAP. Ese entramado permitió formar generaciones de físicos, ingenieros, químicos y técnicos altamente especializados, y reconocidos internacionalmente. Un ejemplo es el diplomático argentino Rafael Grossi, quien desde 2019 dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la principal institución de tecnología nuclear de las Naciones Unidas.
Pero esto comienza a ser historia. Desde diciembre de 2023, el sistema nuclear argentino perdió cerca de mil trabajadores especializados. Solo en la CNEA hubo 571 despidos. A ello se suman 306 desvinculaciones en Nucleoeléctrica Argentina, 37 en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y 31 en Dioxitek, entre otros organismos vinculados al sector. Además, el gobierno nacional redujo en términos reales cerca de la mitad del presupuesto destinado a la CNEA. La inversión destinada a infraestructura y equipamiento disminuyó más del 53 %, mientras que la masa salarial perdió alrededor del 42 % de su valor real.
Si bien el Gobierno Nacional justificó la medida diciendo que las desvinculaciones afectan principalmente a personal administrativo, entre los trabajadores cesanteados también se encuentran ingenieros, físicos, técnicos y otros profesionales especializados. Se trata de recursos humanos altamente calificados, cuya formación requirió años —e incluso décadas— de inversión pública.
Argentina es uno de los únicos países del hemisferio sur, junto con Brasil y Sudáfrica, con operación de centrales nucleares que generan energía eléctrica. El resto de las 460 centrales nucleares en el mundo están en el hemisferio norte. Actualmente, Argentina cuenta con tres centrales nucleares operativas: Atucha I, Atucha II y Embalse, que mediante gestión estatal, son determinantes para el control tarifario energético aportando entre 5 y 8% de la electricidad argentina.
El 16 de septiembre de 2025, el Gobierno anunció que avanzaría con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa que se encarga de administrar las centrales nucleares. La iniciativa del Gobierno consiste en la licitación pública nacional e internacional del 44% de las acciones de la empresa. Hasta la sanción de la Ley Bases, la privatización de Nucleoeléctrica no estaba habilitada, ya que la empresa se encontraba excluida de los procesos de privatización por la legislación vigente.
Proyectos estratégicos en pausa
Uno de los efectos más visibles del ajuste sobre el sistema nuclear argentino es la paralización de proyectos estatales que ya se encontraban en ejecución. De acuerdo con distintos informes, la reducción del 53,4 % de la inversión en infraestructura y bienes de capital de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) provocó el freno de obras que habían demandado años de planificación, desarrollo tecnológico e inversión pública.
Según declaraciones del ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, entre las iniciativas afectadas se encuentran el reactor multipropósito RA-10 y el reactor modular CAREM. Bianco afirmó que la finalización del RA-10 fue ralentizada por la reducción de recursos y que el CAREM fue discontinuado por la actual gestión nacional.
"En una visita de especialistas extranjeros, la delegada del Reino Unido dijo: 'Ustedes no pueden tener esto acá'. No es casualidad que después de esa advertencia se haya empezado a desfinanciar la construcción de este reactor RA-10.", dijo Bianco.
En paralelo al desguace en el sector nuclear argentino, el gobierno nacional anunció una inversión en Atucha para construir un reactor modular bajo el marco del Super RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) La empresa que llevaría a cabo dicha inversión es Meiter Energy que se compone en su mayoría por capitales estadounidenses del Grupo Ansari, magnate que participó en los cimientos de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk. Capacidades argentinas, ganancias extranjeras.
Dicha inversión se da en el marco del programa FIRST de la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) de Estados Unidos creado en 2025, con el objetivo de buscar alianzas para la construcción y expansión de reactores modulares pequeños. Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en incorporarse al programa. "Discontinuar el programa nuclear argentino siempre fue un objetivo de Estados Unidos en los últimos 70 años. No había tenido suerte hasta ahora”, expresó el ministro Bianco.
Más que un ajuste presupuestario
El debate sobre la CNEA trasciende el funcionamiento de un organismo estatal. ¿El ajuste sobre el sistema científico y nuclear argentino responde únicamente a una política de reducción del gasto público o forma parte de una estrategia para reemplazar un modelo de desarrollo tecnológico estatal por otro basado en la participación de capitales privados extranjeros?
Cada investigador que abandona el sistema representa años de inversión pública en educación y capacitación. Cada proyecto paralizado implica retrasar desarrollos que difícilmente puedan recuperarse en el corto plazo. Cada generación que deja de formarse reduce las posibilidades de sostener una política científica autónoma.
La discusión, por lo tanto, no solo es presupuestaria. Consiste en definir si Argentina seguirá considerando al conocimiento como un recurso estratégico para su desarrollo o si resignará capacidades que demandaron más de setenta años de construcción institucional.
En un mundo donde la competencia entre Estados se libra cada vez más alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación, la verdadera pregunta no es cuánto cuesta sostener el sistema científico, sino cuánto puede costar perderlo.