Qué protege la ley que quieren derogar
Desde 2001, la Ley 25.542 fija un precio uniforme para la venta al público de cada libro en todo el territorio nacional. Lejos de responder a una medida intervencionista, la norma replica el sistema vigente en Francia, España, Alemania y varios países de Europa, el cual sirvió como modelo para legislaciones en México, Chile y Colombia. El propósito central radica en garantizar que un libro conserve el mismo valor tanto en una gran cadena porteña como en la librería de un pueblo patagónico, evitando así que los comercios más pequeños queden desprotegidos frente a los competidores con mayor capacidad económica.
Qué pasaría, en concreto, si se deroga
El libro deja de valer lo mismo en todo el país. Sin precio único, las grandes superficies, cadenas y plataformas online podrán comprar por volumen las novedades de venta rápida y liquidarlas a pérdida en los grandes centros urbanos. En los pueblos y ciudades del interior, donde muchas veces hay una sola librería a decenas de kilómetros, no habrá con qué competir. El resultado es una Argentina de dos velocidades para leer: descuentos en la ciudad grande, desiertos culturales en el resto.
Cierran librerías, y con ellas se pierden puestos de trabajo. La experiencia en el Reino Unido muestra que, tras eliminarse el precio fijo, desapareció un tercio de las librerías independientes. La librería sostiene su local, sus empleados, sus impuestos y sus servicios con el margen que hoy la ley le garantiza. Sin ese piso, primero rematan precios los grandes; después, ya sin competencia, los suben sin techo.
Se golpea a las bibliotecas populares. Más de mil quinientas bibliotecas populares registradas en la CONABIP, que llegan a millones de usuarios en cada pueblo, barrio y paraje del país, dependen del esquema de descuentos que la propia ley contempla para organismos públicos y comunitarios. Debilitar ese marco es encarecer y restringir el acceso gratuito a la lectura de los sectores que más lo necesitan.
Se empobrece lo que hay para leer. Las librerías independientes son el canal de venta de las editoriales pequeñas y medianas. Si desaparecen las librerías, desaparece el lugar donde esos catálogos llegan al lector: menos autores nuevos, menos temas, menos voces. A eso se lo llama pérdida de bibliodiversidad, y es un empobrecimiento que no se recupera.
Todo esto, sobre un sector ya golpeado. En un contexto donde la enorme mayoría de las librerías con local, editoriales y distribuidoras vienen registrando caídas en sus ventas, quitar la única protección que sostiene el equilibrio de la cadena no es "liberar el mercado": es empujar al cierre a cientos de espacios que dan vida a nuestras ciudades.
¿Por qué tener un precio único es bueno para el lector?
Porque evita los oligopolios y permite una mayor oferta. En un primer momento, puede suceder que algunos libros best seller se rematen en las grandes cadenas. Una vez eliminada la competencia, podrán fijar precios incluso más altos que los actuales. Las librerías pequeñas, que suelen dar lugar a editoriales más chicas, desaparecen y con ellas su oferta.
Recordemos además que con la derogación de la ley se debilitan las bibliotecas populares, que son otra vía de acceso a la lectura, especialmente para aquellas personas de menores recursos.
Un antecedente que no es casual
Lo que hoy aparece como un borrador no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo de una política sostenida. Desde su llegada, este Gobierno viene desmontando la infraestructura cultural argentina por dos vías paralelas: la normativa y la de gestión.
En el plano normativo, el intento de suprimir el precio único del libro ya estuvo presente en la primera versión de la Ley Bases —la llamada "ley ómnibus"—, junto con el cierre del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes y el desfinanciamiento del INCAA, el INAMU y la CONABIP. Frente al rechazo masivo del sector, el oficialismo tuvo que dar marcha atrás. A ello se sumó el decreto 1029/24, que reestructuró el Fondo Nacional de las Artes con recortes de personal y cambios en el financiamiento a los artistas, y el decreto 345/25, que degradó a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares —creada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870, con más de 150 años de historia— a una simple dirección dentro de la Secretaría de Cultura, vaciándola de presupuesto y de política.
En el plano de la gestión, el diagnóstico es igual de elocuente. El Ministerio de Cultura fue rebajado a secretaría, con un recorte presupuestario que la propia gestión anunció en torno al 33% respecto de 2023. El INCAA cerró 2024 sin aprobar una sola película nacional —algo inédito en su historia—, con cientos de despidos y la participación del cine argentino en la taquilla en su nivel más bajo desde 1997. La CONABIP, que sostiene a cerca de mil quinientas bibliotecas populares, sufrió subsidios congelados en términos reales, atrasos de hasta un año en el envío de fondos y nuevos recortes presupuestarios en 2026 que alcanzaron al sistema de bibliotecas populares, además de su degradación por decreto a una simple dirección. La derogación de la Ley del Libro no sería una excepción, sino la continuidad de un rumbo: el del apagón cultural.
Lo que se hace a espaldas de la gente, no suele ser bueno
Como con todos los “paquetes desreguladores” previos hasta el momento el Gobierno no somete a debate público la propuesta ni convoca a los actores directamente impactados. Se trata de un borrador que circula sin que el oficialismo asuma abiertamente su contenido ni explique sus alcances a la ciudadanía. Una política que afecta a toda la cadena del libro, a miles de librerías y a millones de lectores no puede diseñarse en la penumbra de un borrador filtrado.
El libro no se toca. La cultura es un derecho, no un gasto.