La deuda de las familias es noticia desde hace meses. Según el Mapa de la Deuda de la Dirección Provincial de Estadística y Análisis y Estudios Económicos de la Provincia de Buenos Aires, desde 2024 la mora de los hogares argentinos mantiene una tendencia creciente y alrededor del 25% de la población deudora registra atrasos significativos en sus pagos. Entre quienes presentan estas dificultades, el 38% tiene menos de 25 años.
El deterioro ocurre a raíz de la pérdida de ingresos. El salario real de los trabajadores registrados cayó 9,2% respecto de noviembre de 2023, mientras que los puestos de trabajo asalariado se redujeron 6%. El pluriempleo aparece como una de las estrategias para compensar esa pérdida. Quizás alguien sí puso una pistola.
Esto se da en un contexto donde Argentina alcanzó un nivel de acceso al sistema financiero que, hasta hace pocos años, parecía difícil de imaginar. Hoy, 37,8 millones de personas tienen una cuenta bancaria o de pago, una cobertura superior al 99% entre los mayores de 18 años. Pero detrás de esa expansión aparece una paradoja. Mientras el acceso a cuentas y medios de pago se acerca a la universalidad, crecen el endeudamiento y la morosidad. Las loas que todavía reciben algunas empresas que permitieron aumentar el acceso al crédito encontraron un freno: la inclusión financiera no es solamente acceder una vez, sino poder sostenerse sin entrar en una trampa eterna de deudas. Es decir, sostenibilidad financiera es parte de la inclusión-
Incluir o extorsionar
La digitalización modificó profundamente el sistema financiero argentino. La creación de la Clave Virtual Uniforme en 2018 facilitó la expansión de las cuentas digitales y la pandemia aceleró el uso de billeteras y medios de pago electrónicos.
Las empresas de tecnología financiera desarrollaron una capacidad inédita para combinar canales digitales, información transaccional y sistemas automatizados de evaluación de riesgo. El modelo fintech permite llegar con rapidez a segmentos poco atendidos y operar a gran escala. Al mismo tiempo, la incorporación de nuevos usuarios forma parte de una estrategia de crecimiento comercial. En los productos analizados, esa lógica suele expresarse en disponibilidad inmediata, plazos relativamente cortos, alta rotación y tasas que incorporan el mayor riesgo atribuido a personas con ingresos inestables o sin antecedentes crediticios.
Asimismo, la facilidad de la concertación de compromisos financieros por medio de interfaces que no siempre incorporan advertencias para que las personas usuarias adquieran consciencia de la aceptación de un préstamo conllevó a una adopción acelerada de créditos incluso de pequeños montos para transacciones cotidianas.
A junio de 2026, más de 10,7 millones de personas tenían financiamiento otorgado por empresas fintech. En los últimos 18 meses, el saldo de esa cartera había crecido 35% en términos reales.
Todo este crecimiento de las empresas de tecnología financiera se produjo bajo una regulación que tardó años en adaptarse. Recién en 2020, el Banco Central estableció reglas específicas para proveedores de servicios de pago; en 2024, la Unidad de Información Financiera aprobó un régimen particular para proveedores de pagos y de crédito no financiero; y en 2025 la Provincia de Buenos Aires incorporó las cuentas de pago al sistema SIRCUPA. Pero el sector creció inicialmente dentro de un perímetro regulatorio distinto del bancario, y la convergencia de obligaciones fue posterior, progresiva y diferente en cada jurisdicción.
El crecimiento se produjo, sin embargo, junto con un deterioro significativo de la capacidad de pago. Para junio de 2026, la irregularidad de las financiaciones a hogares alcanzaba el 12,8% en las entidades financieras bancarias. Entre los proveedores fintech superaba el 32%: la irregularidad en las financiaciones no bancarias era aproximadamente dos veces y media superior a la registrada en los bancos.
A esta mayor incidencia de la mora se suma el costo del crédito. En los productos analizados, el costo financiero total puede ubicarse entre el 130% y el 600%, dependiendo de la entidad y del perfil del usuario. Cuando el financiamiento tiene un costo elevado, la capacidad de pago necesaria para sostener una deuda también aumenta.
El problema se vuelve más complejo cuando una persona ya tiene otras obligaciones. En junio de 2026, 7,56 millones de personas —alrededor del 70% de quienes tenían saldos activos— registraban deudas simultáneas con más de una entidad. En 5,9 millones de esos casos, equivalentes al 55% del total, una de las obligaciones correspondía además a un banco.
La velocidad que hizo posible ampliar el acceso al crédito puede convertirse así en un problema cuando el endeudamiento crece más rápido que los ingresos necesarios para sostenerlo.
Esto genera un problema que excede la deuda inmediata. La mora no es un problema solo de las financieras o de los bancos: un historial crediticio deteriorado puede limitar posteriormente el acceso a productos financieros con mejores condiciones. La primera experiencia de inclusión puede transformarse, así, en una puerta de entrada a la exclusión. El crédito pasa de ser un apoyo a ser un problema.
El fenómeno aparece con especial intensidad entre los jóvenes. En el segmento de 18 a 21 años, la irregularidad crediticia pasó del 23,6% en junio de 2025 al 39,5% un año después. Dentro del sector fintech, la mora superior a 90 días alcanzó el 42%, frente al 37,3% observado en las entidades bancarias.
La forma de entrada al sistema también resulta significativa. Entre quienes tuvieron su primera experiencia crediticia durante 2025, el 73% comenzó a operar con una fintech y tres empresas concentraron el 90% de esas primeras vinculaciones. Pero una parte importante de esos nuevos usuarios no logró sostener su primer crédito. Casi 4 de cada 10 no pudo afrontar los pagos: alrededor de 123.000 jóvenes pasaron, en poco tiempo, de su primer financiamiento a la mora.
La escala del negocio contrasta con la dimensión de los reclamos. Mercado Libre, una de las principales empresas tecnológicas de la región, obtuvo por primera vez ganancias trimestrales superiores a los 10.000 millones de dólares considerando los países donde opera, un incremento del 50% interanual. Paralelamente en Argentina aumentaron las denuncias de usuarios por prácticas abusivas vinculadas al cobro de deudas contraídas a través de Mercado Pago.
En la Provincia de Buenos Aires, la línea 148 recibe reclamos vinculados con prácticas abusivas y hostigamiento por deudas. Entre 2024 y 2025 las denuncias se triplicaron y, durante los primeros cinco meses de 2026, ya habían superado el total registrado durante todo 2025.
Los relatos presentan patrones similares: llamados insistentes, contactos con familiares o personas cercanas y exposición de la situación financiera de los deudores. La inclusión financiera no termina, entonces, cuando se otorga un crédito. También importa cómo se gestiona el incumplimiento y qué mecanismos existen para proteger a quien no puede pagar.
La otra concepción de la inclusión: la banca pública
La banca pública parte de una lógica diferente. Su función no consiste necesariamente en reproducir las mismas decisiones que tomaría el mercado con capital estatal, sino en intervenir allí donde el crédito privado resulta insuficiente, demasiado costoso o incompatible con determinados objetivos productivos y sociales.
En este modelo, incluir supone evaluar la actividad y la capacidad de pago, adecuar montos y plazos a los ciclos productivos y acompañar al tomador. El crédito no se concibe como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para financiar inversión, capital de trabajo, generación de ingresos y acumulación de activos. La tecnología también puede formar parte de esta estrategia. La diferencia no está necesariamente entre plataformas digitales y sucursales, sino en el objetivo que persigue el financiamiento.
Cuenta DNI muestra que la digitalización no es patrimonio exclusivo de las fintech.
El lanzamiento masivo de Cuenta DNI, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, contribuyó a que la tenencia de cuentas bancarias o de pago entre los bonaerenses mayores de 14 años pasara del 80% al 88% en apenas un trimestre.
Desde 2023, la cobertura de cuentas bancarias o de pago en Argentina se encuentra prácticamente generalizada. La experiencia muestra que la banca pública puede utilizar las mismas herramientas tecnológicas —aplicaciones, canales digitales, información transaccional— para ampliar el acceso.
La diferencia decisiva aparece después: qué productos se ofrecen, bajo qué condiciones y con qué finalidad.
La banca pública además no se va a quedar de brazos cruzados para atender a las familias, más frente a una situación que claramente es producto de un modelo económico y no de las malas decisiones de las personas.
La banca pública bonaerense les ofreció a sus clientes tasas atenuadas desde el 31%, plazos más extensos de hasta 6 años y esquemas adaptados a diferentes tipos de mora. De esta forma, el Banco Provincia superó las 100.000 operaciones de refinanciación de deudas durante 2026
El programa Ponete al Día contempla condiciones especiales para clientes que registraban mora al 31 de mayo de 2026. Entre las mejoras más relevantes se destacan refinanciaciones de hasta 72 meses, junto con tasas diferenciales para distintos perfiles de clientes. Para personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, Banco Provincia redujo la tasa al 39% anual en casos de mora temprana, mientras que quienes cobran su salario, jubilación o pensión en la entidad pueden acceder a una tasa del 50% anual. En situaciones de mora avanzada y sobreendeudamiento, el Banco ofrece tasas especiales de 31% anual, una de las condiciones más competitivas del mercado para este tipo de operaciones. Además, quienes necesitan refinanciar exclusivamente consumos de tarjetas de crédito cuentan con una línea específica a 60 cuotas y una tasa del 41% anual, con la posibilidad de mantener operativa la tarjeta por el margen disponible remanente.
Luego está el argumento de que la banca no llega a un grupo importante de población. Provincia Microcréditos, la empresa de inclusión financiera del Banco Provincia, representa una solución a ese problema, enfocada en acompañar mejoras reales y sostenibles en la vida de las personas.
Sus líneas productivas cuentan con tasas nominales anuales subsidiadas del 35% para inversión y del 40% para capital de trabajo, con plazos de entre 6 y 48 meses.
Para el 59,2% de las personas financiadas, el microcrédito representó su primer vínculo con el sistema financiero formal.
En este caso, la primera experiencia crediticia se organiza alrededor de una actividad productiva. El objetivo es que el crédito contribuya a generar ingresos que permitan sostener la devolución y, al mismo tiempo, desarrollar una actividad económica.
La diferencia no es menor. En un modelo, la tecnología permite identificar rápidamente a quién prestar. En el otro, el crédito busca además contribuir a determinar qué capacidad económica puede construirse a partir de ese financiamiento.
Dos modelos y dos maneras de medir el éxito: De incorporar clientes a construir inclusión
La comparación entre modelos exige una precisión: el precio, el plazo, la finalidad y las condiciones del crédito no dependen solamente de la tecnología, sino también del modelo de financiamiento que la utiliza.
Mientras una lógica de expansión comercial puede medir su éxito por el crecimiento de usuarios, la velocidad de otorgamiento y el volumen de la cartera, una política de inclusión financiera sostenible debe preguntarse qué sucede después de otorgar el crédito: si la persona puede pagarlo, si mejora su situación económica, si construye historial y si permanece dentro del sistema en mejores condiciones.
La discusión, entonces, no es entre tecnología y banca tradicional. La banca pública también puede digitalizarse y utilizar herramientas tecnológicas para ampliar el acceso. La diferencia está en para qué se utiliza el crédito y qué objetivo persigue: si se trata simplemente de incorporar nuevos clientes o de utilizar el financiamiento como una herramienta para generar ingresos, fortalecer actividades productivas y ampliar oportunidades.
Bajo un modelo económico donde la caída de los ingresos laborales y las jubilaciones es una constante, esta diferenciación es vital. Argentina ya logró, en buena medida, abrir la puerta del sistema financiero. El desafío ahora es que atravesarla no signifique simplemente acceder a una nueva forma de deuda, sino contar con una herramienta que permita mejorar las condiciones económicas de quienes la utilizan. La verdadera medida de la inclusión financiera no debería ser cuántas personas acceden al crédito, sino cuántas pueden utilizarlo para mejorar su situación y continuar dentro del sistema en mejores condiciones.